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UNA PROPUESTA EXTORSIVA PARA LA SOCIEDAD

18 Dic

UNA PROPUESTA EXTORSIVA PARA LA SOCIEDADLas Farc proponen un cese “unilateral” del fuego indefinido, pero lo condiciona a que el Estado renuncie a la persecución judicial y militar de los componentes de sus estructuras criminales y piden verificación internacional a cargo de organismos afectos al socialismo del siglo XXI como garantía.

Como la explotación mediática gira en torno a la propuesta de cese al fuego unilateral e indefinido, sin explicación a los ciudadanos de la parte condicionante, ganan un golpe de opinión gratuito y ante la respuesta negativa del gobierno a la propuesta, será el Estado el que aparezca como no interesado en la paz. Es una hábil maniobra clásica en las negociaciones de este tipo, mostrar al otro como el intransigente y enemigo de acuerdos rápidos. El ciudadano del común no se detiene a mirar que en la práctica es un cese de fuego bilateral impuesto por uno de los contendientes.

Para muchos colombianos que se limitan a la lectura de un titular, que usualmente no guarda coherencia con la información, o repiten lo escuchado en algún corrillo, la oferta de las Farc es una generosa muestra de voluntad de paz y así se encargan de recalcarlo los sectores políticos afines al narcoterrorismo o embelesados por una paz a cualquier costo, sin darse cuenta de que están legitimando a la narcoguerrilla y otorgándole una victoria política inmerecida; ese es el objetivo que buscan y alcanzan los bandidos con este tipo de propuestas que se convierten en una verdadera extorsión para la sociedad.

La candidata a la alcaldía de Bogotá y presidente del Polo Democrático, Clara López Obregón ha señalado sin rubor que “Con ello se patentiza no solamente la voluntad de paz de la guerrilla si no su decisión de llegar a un acuerdo para el final del conflicto armado en las conversaciones de La Habana”, y urge la reciprocidad por parte del gobierno nacional. En el mismo sentido se han manifestado Iván Cepeda, Piedad Córdoba y otros caracterizados militantes de la izquierda colombiano, así como representantes de la coalición política de gobierno.

La narcoguerrilla da muestras de una prepotencia sin límites, convencidos de que han recuperado el espacio político que habían perdido aceleradamente desde el fracaso de los diálogos del Caguán y los durísimos reveses militares sufridos en vigencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, han malentendido la buena voluntad de diálogo del gobierno y están convencidas de que las propuestas de justicia transicional son una carta anticipada de impunidad absoluta para sus crímenes, que pueden imponer las condiciones y los ritmos en la negociación y ahora determinar al Estado a cesar con las operaciones militares que buscan neutralizar su actividad delincuencial, so pretexto del cese unilateral e indefinido que ellas ofrecen.

Así, con la propuesta del condicionado cese al fuego, las Farc mantienen su voluntad de continuar la guerra invocando el sagrado e irrevocable derecho a la rebelión, que por razones que siempre brotaron de la inhumana existencia de quienes todo carecían por habérseles negado el mínimo vital en todos los terrenos, buscamos con las armas, como recurso último de expresión política, por lo menos colocarnos en pie de igualdad con el despiadado adversario de todos los tiempos, para que nuestra voz, que es la del pueblo excluido no continuara siendo desatendida. (Farc-Anncol. 17.12.2014)

Aprovechan la propuesta para desconocer nuevamente a sus víctimas, revictimizándolas, y señalando que sólo consideran como tales a aquellas que califican como víctimas del Estado o de organismos paramilitares. Así lo indican en su comunicado al decir que “Ayer, durante la última audiencia de víctimas del conflicto al escuchar sus relatos, evocamos, con ineludibles sentimientos encontrados, a otras víctimas que ya nadie recuerda, pero que las FARC-EP siempre honran llevándolas en su memoria individual y colectiva y por las cuales continúa buscando la reconciliación nacional pero arropada en todo lo que pueda significar la palabra “justicia”. Las víctimas de la inescrupulosa violencia partidista, las víctimas de los “cortes de franela”, las víctimas de la primera generación de paramilitares de la décadas de los cincuenta y los sesenta del siglo pasado, las víctimas de la dictadura militar de ingrata recordación, las víctimas de la injerencia extranjera tolerada por gobiernos bipartidistas, las víctimas de las desapariciones forzadas, del desplazamiento y las ejecuciones extrajudiciales”. (Farc-Anncol. 17.12.2014)

Pese a que a La Habana sólo concurrieron aquellas víctimas de las Farc consideradas como “políticamente correctas” por quienes conformaron el filtro que escogía a los viajantes, de los cuales el 70% eran víctimas de otras organizaciones o del Estado y sólo el 30%, dispuesto a repartir abrazos, de las Farc, hubo voces dignas de resaltar como las del señor General (r) Mendieta que prueban hoy más que nunca que estas víctimas están condenadas al olvido y a la injusticia.

La propuesta de las Farc sobre el cese al fuego condicionado no solo es inadmisible sino impracticable; el presidente, aun siendo Comandante en Jefe de las FF.MM y de Policía, no tiene la potestad, sin violar la Constitución y la ley, de ordenar la suspensión de acciones y operaciones tendientes a cumplir las órdenes de captura vigentes contra los terroristas sin que estas sean suspendidas por las autoridades que las emitieron, y casualmente comenzaron las vacaciones judiciales, después de un paro de 2 meses, de tal manera que sólo hasta enero los titulares de los despachos que las profirieron estarían volviendo a sus despachos y apersonándose de alguna solicitud en ese sentido.

Sabedores los narcoterroristas de esta realidad lanzan la propuesta sólo para conseguir el objetivo mediático y abonar una ganancia política; abundarán las voces ignorantes que dirán que todo se limita a demostrar una voluntad política, pero este es un Estado social de derecho donde hay normas de obligatorio cumplimiento para las diferentes autoridades que no pueden omitirse sin violentar la institucionalidad democrática.

 
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Publicado por en diciembre 18, 2014 en Opinión Pública

 

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