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LA GRAVE CRISIS DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

20 Dic

LA GRAVE CRISIS DE LA JUSTICIA EN COLOMBIAEs tan precario el estado de la justicia en Colombia, que según mediciones de opinión recientes el 83% de los colombianos no confía en el sistema judicial frente a un 15% que dice tener esa confianza. (Gallup, diciembre 2014). Cómo confiar en un sistema que presenta un atraso injustificado en la administración del derecho fundamental de justicia, con al menos 1.5 millones de procesos sin resolver; tan sólo en los dos últimos meses, de paro de los empleados de la rama, dejaron de atenderse más de 120 mil procesos, siendo esto una verdadera vulneración a los derechos y garantías de los ciudadanos que fundamentan el Estado social de derecho.

La Fiscalía General de la Nación apenas cuenta con un índice de favorabilidad del 37% y la falta de credibilidad asciende al 56% de los ciudadanos. En julio de 2010 la favorabilidad era del 66% (El Tiempo, 21.12.2014), pero el papel politizado y parcializado del Fiscal Eduardo Montealegre, en cuanto hace a la posibilidad de condenas y penas reales para los narcoterroristas, amén de los fracasos en sonados procesos como el de Colmenares, o el de Sigifredo López, recientemente en el de la contralora Morelli y la más de una veintena de “falsos positivos judiciales” con relación a personal de la fuerza pública, ha ocasionado ese desplome de la credibilidad de los colombianos en el organismo investigador.

Tan grave es la crisis que desde la misma izquierda, que tiene en Asonal su brazo político enquistado en el poder judicial, llegan fuertes críticas como las que hace el jurista Rodrigo Uprimny, quien sin ambages señala que “hay una tendencia creciente en la Rama Judicial a convertir la independencia judicial no en una garantía para los ciudadanos, sino en un instrumento corporativo para la defensa de los intereses personales de los jueces, incluso en detrimento del interés general”, señalando que la única alternativa es “enfrentar la tendencia corporativista que se está desarrollando en la Rama Judicial, pero sin erosionar su independencia”. (El Tiempo, 21.12.2014).

Por primera vez en la historia nacional la justicia registra una imagen negativa más alta que la eternamente desprestigiada clase política y el Congreso de la República, que tienen mucho que ver en esos catastróficos resultados, sólo hay que recordar la fallida reforma judicial del actual gobierno encaminada a incrementar los beneficios económicos y pensionales de los altos funcionarios del poder judicial que en introducir verdaderos cambios estructurales requeridos por la rama.

El colapso de la justicia se acelera con la irrupción de jueces y magistrados en ámbitos que constitucionalmente corresponden a otras ramas del poder público; el famoso “siglo de los jueces” anunciado pomposamente por el ex magistrado Augusto Ibáñez en 2009, para justificar el que las altas Cortes se hubieran convertido en trinchera política contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa veleidad política del poder judicial, tan aplaudida por los malquerientes del ex presidente y hoy Senador, rompió todos los límites de lo razonable y llevó al poder judicial a desafiar abierta y sistemáticamente todos los principios legales y constitucionales. Ya se habían dado los pasos hacia esa dirección cuando el tristemente recordado magistrado Carlos Gaviria Díaz, sin ningún respeto al país, le diera legitimación jurídica al narcoterrorismo anunciando que estos bandidos eran “luchadores altruistas que mataban para que otros vivieran mejor”.

La tendencia corporativista que privilegia los intereses personales de los jueces y demás empleados de la rama, a que hace referencia Uprimny,  fue obra de Jaime Pardo Leal, ex juez y político del partido comunista, que creó Asonal como mecanismo para profundizar la crisis del sistema político colombiano, mediante la negación de justicia como fundamento del sistema, en desarrollo de los postulados de ese partido de combinar todas las formas de lucha para la toma del poder. Precisamente esa “obra” es a la que le rinden homenaje las Farc cuando le ponen su nombre a una de sus estructuras criminales más sanguinarias que delinque en el suroccidente colombiano y en cuyo honor se erigió un busto en el complejo judicial de Paloquemao en la capital colombiana.

Es indudable que la imagen negativa seguirá creciendo en la medida que los ciudadanos van descubriendo los sofismas del fiscal, que como funcionario actúa a nombre del gobierno, quien justifica la impunidad para los terroristas, en el evento de un acuerdo de paz, apelando a la crisis del sistema judicial y del carcelario; no hay suficientes fiscales y jueces, ni suficientes cárceles, para investigar, judicializar y condenar a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por lo que es mejor hacer de cuenta que esos crímenes atroces jamás sucedieron, fueron conexos al delito político de rebelión, y otorgar un indulto disfrazado de una justicia transicional selectiva que no reconoce los derechos de las víctimas.

Una verdadera reforma a la justicia para garantizar imparcialidad, eficiencia y eficacia en la administración de este derecho fundamental de todos los ciudadanos sin distingo alguno, debe comenzar por establecer las mismas limitantes que en materia política existen hoy para la fuerza pública como garante de la aplicación de las decisiones de esa justicia. Mientras los fiscales y jueces sigan atendiendo intereses políticos, económicos y sociales particulares –los de ellos mismos-, no habrá garantía de igualdad frente a la justicia, mucho menos de que esta se ejerza de manera pronta y cumplida.

Cuando los bandidos, corruptos, asesinos, terroristas, violadores y ladrones tengan miedo de una justicia eficiente y transparente, podrán los jueces reclamar que la sociedad reconozca su liderazgo. Pero mientras los ciudadanos estén a la merced de los hampones, ellos mismos estarán estimulando la parajusticia, es decir la justicia por propia mano.

 
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Publicado por en diciembre 20, 2014 en Opinión Pública

 

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