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TAREAS INCONCLUSAS EN EL 2014

23 Dic

TAREAS INCONCLUSAS EN EL 2014El nuevo año comenzará con una crisis insuperada que causa gran conmoción social, el precario estado de la justicia colombiana causado por unos pocos funcionarios adscritos a Asonal que negaron el derecho fundamental por dos meses, se van a vacaciones pero anuncian que el paro continuará a su regreso; mientras tanto más de 1.5 millones de procesos seguirán represados, miles de hombres y mujeres que esperan definición de su situación jurídica permanecerán privados de la libertad, como lo estarán condenados que ya han cumplido su pena. La reforma a la justicia que ha pedido la sociedad se mantiene refundida y a cambio se proponen reformas de forma, que mejoren la situación salarial, prestacional y pensional de los miembros de la rama sin que ello implique el mejoramiento sustancial de la operación de la justicia en procura del bien común.

El proceso de La Habana sigue dilatándose y el narcoterrorismo no da muestras de querer una paz real, sino de imponer una pax romana a la medida de sus intereses como si fueran un ejército vencedor en los campos de batalla y no una banda criminal rescatada políticamente cuando ya estaban condenadas al olvido. En 2012 cuando se iniciaron los diálogos en La Habana se prometió que en 6 meses la agenda estaría resuelta, pero las Farc tomaron la iniciativa y aplicando los métodos tradicionales del marxismo-leninismo conducen al agotamiento político del gobierno y a polarizar y dividir la sociedad mientras mantienen sus acciones terroristas con la población más vulnerable para sembrar el miedo como mecanismo de presión.

El misterioso curso de las negociaciones en La Habana ha llevado a una exagerada oferta de beneficios jurídicos para los narcoterroristas con el argumento de no humillarlos, así la oferta de incluir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y hasta en el narcotráfico como parte del paquete promocional del delito político, ha sembrado más dudas y resistencias en el pueblo colombiano que hace sentir su voz de protesta exigiendo paz sin impunidad para quienes por más de 50 años convirtieron a Colombia en su víctima en el frustrado intento de tomarse el poder por las armas para imponer el socialismo como modelo de Estado.

Tampoco acepta la sociedad colombiana la posibilidad de que se ella la que tenga que subsidiar económicamente a eventuales terroristas desmovilizados a razón de 1.8 millones de pesos mensuales, más otras prerrogativas y beneficios como reconocerles el tiempo dedicado a la delincuencia como válido para acceder a una pensión; mientras el colombiano promedio, que subsiste con un salario mínimo o menos no recibirá un incremento digno y acorde a sus necesidades socioeconómicas reales. Si bien la propuesta es de las Farc, el gobierno nacional y su coalición política han venido socializándola como una “realidad necesaria”, mientras la narcoguerrilla oculta las riquezas exorbitantes acumuladas gracias al narcotráfico, el secuestro y la extorsión y la minería ilegal.

Repudio causan hechos como que el presidente aplauda públicamente la supuesta tregua narcoterrorista, mientras estas asesinaban soldados y secuestraban a uno de ellos, el SLP CARLOS BECERRA y hoy a un fiscal en el Cauca, sin que se anunciara suspensión del proceso hasta la devolución de la víctima, la vida de una General es tan valiosa como la del último Soldado y no se pueden establecer clases sociales para determinar la acción del Estado. Este silencio contradice el saludo presidencial a las tropas cuando anuncia la inmensa deuda que tiene Colombia con su Ejército Nacional.

Tampoco ayuda a generar confianza la polémica creada por la directora del ICBF y algunos representantes de la clase política por la publicación de una foto de una niña asesinada por las Farc, mientras ese despacho no se ha pronunciado para exigir como condición de diálogo el que sean liberados los niños y adolescentes reclutados por las Farc para la guerra o como objeto de diversión sexual de los cabecillas de las estructuras criminales. Parece que ahora lo judicializable o condenable políticamente sea el denunciar los delitos de lesa humanidad cometidos por los narcoterroristas y no esos crímenes. Hay que callar y esconder la realidad para ser “políticamente correctos” con el proceso.

Queda pendiente una tarea importantísima, la definición del fuero militar y del rol de la justicia penal militar; no puede este vital tema ser utilizado como mecanismo de extorsión a los hombres de armas para condicionar un apoyo unanimista y cómplice de los soldados y policías a un desvertebramiento del orden constitucional y legal a favor del narcoterrorismo. Las lealtades y el honor militar no se compran, ni se ordenan, se ganan trabajando y defendiendo la institución castrense contra la irracional guerra jurídico-política de quienes atendiendo los postulados del Foro de Sao Paulo quieren desmantelar nuestras FF.MM y de Policía.

Seguramente la corriente de oposición a la forma en que se lleva a cabo el proceso en La Habana seguirá creciendo e incluso muchos políticos que hoy forman parte de la coalición de gobierno comenzaran a hacer críticas de cara al proceso electoral del próximo año; sin duda las Farc tendrán que replantear su posición y comenzar a tomarse en serio la negociación, reconociendo realmente a las víctimas que han ocasionado y ofreciendo verdad y reparación para ellas, suspendiendo toda acción terrorista o delincuencial como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, para poder comenzar a ganar alguna credibilidad y devolverle alguna confianza al proceso.

 
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Publicado por en diciembre 23, 2014 en Opinión Pública

 

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