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LA PERVERSIDAD DEL REDUCCIONISMO JURÍDICO EN EL PROCESO DE PAZ

05 Ene

LA PERVERSIDAD DEL REDUCCIONISMO JURÍDICO EN EL PROCESO DE PAZLos reduccionistas jurídicos que justifican mediante sofismas, sofisma a un argumento falaz con el que se pretende defender algo falso, la inexistente conexidad de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y narcotráfico con el delito de rebelión, poco parece interesarles la ética, mucho menos la verdad o la justicia, llegando ya al extremo de apuntalar una culpa colectiva de toda la sociedad en los hechos de violencia terrorista o a la aberración de sostener que no se puede financiar una rebelión con actividades lícitas, como si de por sí la rebelión fuera considerada lícita a la luz del ordenamiento constitucional o legal vigente al momento de su surgimiento y en su desarrollo.

Para personajes como el ex ministro Jorge Eduardo Cock L., en su columna Conflicto, responsabilidades, delitos, conexidades del diario El Tiempo de hoy, la agresión narcoterrorista de las Farc y Eln contra el pueblo colombiano, se justifica por las situaciones de inequidad social, política y económica, llamándola “rebelión para mermar esa inequidad”, recurriendo al mismo sofisma que otrora utilizara el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz quien sin rubor señalara que los narcoguerrilleros matan para que otros vivan mejor.

Si el sofisma de la inequidad como causa de la rebelión fuera cierto, países como India y la mayor parte de aquellos que componen el tercer mundo o el mundo subdesarrollado permanecerían en constante ebullición violenta, de rebeliones armadas para cambiar el estatus quo; la misma Cuba, la actual Venezuela, o Bolivia o Nicaragua serían en este momento hervidero terrorista. Esa realidad fáctica responde suficientemente la pregunta que hace el señor Cock L., en su columna a quienes no aceptamos el reduccionismo jurídico para fundamentar la impunidad a los criminales narcoterroristas.

Desconocen a propósito e inducen al engaño estos reduccionistas la realidad fáctica de la violencia narcoterrorista surgida como medio para acompañar la decisión política del partido comunista de tomarse el poder para instaurar el socialismo por allá a finales de los años 40 del siglo pasado y en cumplimiento de las órdenes emanadas de la Moscú soviética. No fueron campesinos y obreros inconformes con el sistema los que se levantaron en armas contra el Estado para mermar la inequidad social, política y económica, fueron reductos de las guerrillas liberales apropiadas por ideólogos comunistas los que le dieron origen a esa agresión injustificada, que sólo por arte de los intereses políticos de un sector de la sociedad fue convertida en supuesto conflicto interno, en contra de lo definido por el derecho internacional humanitario sobre la materia.

Los reduccionistas y apaciguacionistas no tienen empacho en falsear y tergiversar la historia para justificar sus torpes y mezquinos intereses políticos de pasar a esa historia como los hacedores de la paz; acompañados de grupúsculos de una pequeña burguesía socialistoide, de lagartos politiqueros empecinados en mantener la corruptela clientelista y de los mismos enemigos de siempre de la democracia, ejecutores entre otras cosas de la proterva tesis de la “combinación de las formas de lucha”, con capacidad de generar ruido, juegan con los sentimientos de una población a la que le fue impuesta  la amenaza narcoterrorista para cambiar el modelo político del país.

Quienes cuestionamos el actual proceso de La Habana no lo hacemos por querer mantener la guerra, como perversamente sostienen los entreguistas; creemos que la paz sin justicia es endeble y mentirosa, que la impunidad para delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y narcotráfico es ausencia de justicia y que las conductas de los narcoterroristas merecen castigos reales, aunque estos sean mínimos como los que se contemplaron en la ley de justicia y paz que permitieron la desmovilización de las autodefensas ilegales.

No en vano la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha hecho ya dos serias advertencias al gobierno colombiano sobre los alcances de la justicia transicional anunciada por el mismo presidente y su fiscal Montealegre, señalando como esta no puede contemplar simulacros de penas contrarios al ordenamiento de la legislación internacional de la cual el país hace parte; el sofisma de que la justicia no puede ser obstáculo para la paz se derrumba fácilmente, pues no puede haber paz sin justicia como se ha demostrado infinidad de veces en la historia de la humanidad. Las Farc no ganaron la guerra, por el contrario estaban derrotadas militarmente, y por lo tanto no están en situación de imponer condiciones como su fueran un ejército victorioso.

Pese a las críticas pasionales, que no racionales, contra Justicia y Paz, hoy se encuentran cerca de 2.000 ex paramilitares cumpliendo penas de prisión y los cabecillas de las autodefensas ilegales están extraditados respondiendo por delitos de narcotráfico; se esclarecieron 50.000 crímenes y se indemnizaron víctimas con los bienes expropiados a estos delincuentes ($200 mil millones); si no ha surtido mejores efectos la norma no es por su contenido o alcance, sino por la endémica inoperancia de un sistema judicial que incluso la saboteó para justificar beneficiosas circunstancias como las que hoy se predican a favor de las Farc y Eln, que incluyen el no tocar la cuantiosa fortuna amasada como producto de sus actividades criminales.

En aras de esa equidad e igualdad ante la ley que tanto reclaman hoy apaciguacionistas y reduccionistas, las penas para los narcoterroristas no pueden ser inferiores a las ya impuestas y contempladas para quienes hicieron parte de las autodefensas ilegales, incluyendo la extradición para los responsables de narcotráfico. Es una falacia que eso impediría consolidar la paz, las autodefensas no se rearmaron y continuaron su actividad criminal por razón de las condenas o la extradición de sus jefes.

En lo que estamos de acuerdo con el señor Cock es en la necesidad de abrir el debate, pero de forma leal, no recurriendo a la mentira, a la descalificación y agravio al contradictor como lo han convertido en modelo; cuestionar los alcances de la justicia transicional no hace enemigo de la paz a ningún colombiano, por el contrario hace parte de sus derechos constitucionales y entre ellos el de aspirar a una paz basada en la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas de los agresores narcoterroristas.

 
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Publicado por en enero 5, 2015 en Opinión Pública

 

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