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DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y TERRORISMO

09 Ene

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y TERRORISMOLos hechos de terrorismo acaecidos en París esta semana vuelven a poner sobre la palestra el tema del tratamiento internacional a este abominable crimen contra la humanidad. El ataque letal de un comando islámico en pleno corazón de la nación cuna de los derechos humanos, demuestra que los terroristas nunca tendrán consideraciones de ninguna naturaleza para alcanzar su objetivo y que el apaciguacionismo no es la política correcta para neutralizar sus protervas intenciones.

Nótese como los autores del ataque al medio de comunicación son musulmanes nacidos en Francia, educados en esa nación, pero alienados por las doctrina de odio religioso que en nada difieren con las tesis de la lucha de clases y la combinación de las formas de lucha que mueven a los comunistas criollos ahora bajo la fachada del socialismo del siglo XXI y el Foro de Sao Paulo.

El terrorismo como método de guerra está especialmente prohibido por las normas del Derecho Internacional Humanitario DIH, que se refieren específicamente al terrorismo y, de hecho, prohíbe las ” medidas de terrorismo ” y los ” actos de terrorismo”. En el cuarto Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que: “están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo “, y en el Protocolo adicional II (artículo 4) se prohíben los ” actos de terrorismo ” contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas. El principal objetivo es subrayar que ni las personas civiles ni la población civil pueden ser objeto de castigos colectivos que manifiestamente crean un estado de terror, entre otras cosas.

Los dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra también prohíben los actos destinados a infundir el terror entre la población civil. “No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil ” (Protocolo adicional I, artículo 51 (2) y Protocolo adicional II, artículo 13 (2)); aquí es mencionar que allí se incluyen actos terroristas para amedrentar la población y exigir el retiro de cuarteles de policía (que en el caso colombiano son una fuerza armada de naturaleza civil) o para presionar a las autoridades a la concesión de beneficios de cualquier naturaleza para sus autores.

Estas disposiciones son un elemento clave de las normas del DIH destinadas a regular la conducción de las hostilidades, es decir la manera en que se realizan las operaciones militares. Prohíben los actos de violencia durante los conflictos armados que no proporcionen una clara ventaja militar. Es importante recordar que incluso los ataques lícitos contra objetivos militares pueden aterrorizar a los civiles. Sin embargo, esas disposiciones prohíben los ataques que deliberadamente se proponen aterrorizar a los civiles, por ejemplo los bombardeos o los tiroteos contra civiles en zonas urbanas como es de común ocurrencia en los ataques de las narcoguerrillas.

El DIH, también conocido como el derecho de los conflictos armados o el derecho de la guerra, prohíbe la mayoría de los actos cometidos por las narcoguerrillas en el marco del conflicto interno que, si se cometiesen en tiempo de paz, normalmente se considerarían “actos terroristas”. En este contexto, el DIH se aplica tanto a las fuerzas armadas regulares como a los grupos armados ilegales. Los actos de terrorismo en otras situaciones pueden estar sujetos a otros cuerpos de derecho, particularmente al derecho penal nacional, como en efecto se encuentran definidos en el Código Penal colombiano.

No puede entonces el Estado colombiano, por motivos puramente políticos, conceder beneficios exorbitantes, amnistías o indultos, por conductas relacionadas con terrorismo argumentando que estos son conexos a los llamados delitos políticos, tal como lo ha advertido en dos ocasiones la fiscalía de la Corte Penal Internacional; aún como producto de una justicia transicional las penas a imponer deben ser acordes al daño causado con esas conductas y cuando menos no inferiores a las contempladas ya en eventos precedentes como es el de la desmovilización de las autodefensas ilegales.

Atendiendo la normatividad internacional y dentro del bloque de constitucionalidad, la Corte Constitucional colombiana ha señalado taxativamente que con base en los precedentes jurisprudenciales se tiene que en materia de concesión de beneficios penales, (i) el legislador cuenta con amplio margen de configuración normativa, en tanto que es una manifestación de su competencia para fijar la política criminal del Estado; (ii) con todo, la concesión o negación de beneficios penales no puede desconocer el derecho a la igualdad; (iii) se ajustan, prima facie, a la Constitución medidas legislativas mediante las cuales se restringe la concesión de beneficios penales en casos de delitos considerados particularmente graves para la sociedad; (iv) el Estado colombiano ha asumido compromisos internacionales en materia de combate contra el terrorismo, razón de más para que el legislador limite la concesión de beneficios penales en la materia.

Es cuando menos irresponsable entonces anunciar penas y castigos que no tienen relación con las conductas observadas por los narcoterroristas en el curso del conflicto, sobre todo cuando esas conductas constituyen verdaderas acciones  de terrorismo reprochadas por el conjunto de las naciones y por la sociedad colombiana; decir, como dijo el fiscal general de Colombia, que estos delitos de terrorismo pueden ser sancionados con trabajo social es un exabrupto que no contribuye a generar confianza en torno al proceso de paz con las Farc.

 
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Publicado por en enero 9, 2015 en Opinión Pública

 

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