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LA DEMOCRACIA COMO RIESGO PARA SÍ MISMA

11 Ene

LA DEMOCRACIA COMO RIESGO PARA SÍ MISMAUna de las tareas que mayor éxito ha representado para el narcoterrorismo y sus aliados y voceros políticos, ha sido sin duda alguna la infiltración misma del Estado de derecho para atacarlo e inmovilizarlo desde adentro, orientarlo y presionarlo a que las decisiones políticas se tomen con gran beneficio para su proyecto “revolucionario”. Está demostrado que al partido comunista, por ejemplo, le resultó más importante infiltrar y controlar los sindicatos de trabajadores del Estado que los de trabajadores de los sectores industriales, sin que renunciaran a su control.

La creación de células comunistas al interior de la justicia colombiana le permitió a los comunistas y socialistas posicionar silenciosamente a sus cuadros como jueces y posteriormente como magistrados, hubo un momento en que fueron mayoría en la Corte Constitucional de donde salieron para ser candidatos de la izquierda presentando las sentencias proferidas como plataformas políticas; cuando Jaime Ibáñez decía que este era el siglo de los jueces, hacía referencia a ese trabajo ideológico desarrollado no sólo en la academia tomada por esa izquierda, sino en la imposición de una jurisprudencia que convirtió al poder judicial en el suprapoder nacional, colegislando y dictaminando las políticas del ejecutivo.

Nada de ello era ilegal porque los comunistas supieron aprovechar al máximo las garantías y los derechos constitucionales para enquistarse en todos los tejidos sociales y políticos; quienes acuden a un paro, una movilización o una protesta de algún sector social o productivo no lo hacen porque sean comunistas, pero quienes tomaron el poder de orientar, dirigir y ser voceros de esas movilizaciones si lo son, en casos como los del Catatumbo y el sur del país incluso desembozadamente son los cabecillas y voceros del narcoterrorismo los que hablan por la población presentando sus propuestas e imposiciones como de origen colectivo popular.

No es gratuito, ni coincidencial, que esta infiltración al Estado de cómo resultado la imposición de tesis absurdas como que los narcoguerrilleros son luchadores altruistas y quienes los combaten delincuentes comunes asociados para atentar contra la paz, que pruebas contundentes recogidas en el campo de batalla para evidenciar la imbricación de organizaciones políticas y sociales con el narcoterrorismo sean desechadas recurriendo a tecnicismos jurídicos y a verdaderas leguleyadas, mientras se aceptan falsos testimonios, falsas pruebas y decisiones arbitrarias para mantener privados de la libertad a cerca de 15.000 hombres de nuestras Fuerzas Militares, incluso aplicando la retroactividad de la norma penal desfavorable contra todo principio del derecho universal.

Baste como ejemplo lo sucedido con el señor Coronel (r) Plazas y los demás militares vinculados al proceso del Palacio de Justicia de 1986 con la aplicación retroactiva de la desaparición forzada, un tipo penal inexistente para la época de los sucesos y obviando pruebas o fabricando otras, como el testimonio de un inexistente suboficial que participó como testigo de oídas de las supuestas desapariciones, para proferir una condena mientras los autores de la sangrienta toma criminal a la sede judicial gozan de todos los reconocimientos y garantías civiles y políticas porque fueron beneficiarios de amnistías e indultos que, conforme a la interpretación amañada de las normas para los militares, también serían ilícitos conforme a los actuales cánones del derecho internacional humanitario.

No será casualidad y es un anticipo de lo que pasará en un eventual acuerdo de paz con las Farc y Eln, que en Colombia se repitan sistemáticamente situaciones ya vividas en el cono sur. Los terroristas vencidos en el campo de batalla acceden gratuitamente al poder político para cobrar venganza contra la institucionalidad militar que los derrotó y contra los sectores políticos y civiles que no patrocinaron su aventura criminal. Los antiguos voceros de la frustrada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar son hoy los asesores de cabecera de los negociadores gubernamentales en La Habana y lo serán en Quito, son ellos los que orientan y determinan las concesiones que hace el gobierno nacional para comprar la paz, o al menos el cese del conflicto armado con las organizaciones narcoguerrilleras actuales.

Que no se confíen mucho tampoco los miembros de esa “burguesía progresista” que hoy acuden felices y enceguecidos a respaldar las tesis del narcoterrorismo para construir la paz, confiados en que un triunfo político de esas organizaciones les garantizará la supervivencia en el poder, la historia repetitiva desde el siglo pasado y recientemente con los sucesos de Venezuela, demuestra que serán las primeras víctimas propicias para consolidar un régimen socialista totalitario, en nuestro caso el gobierno narcoterrorista de la Nueva Colombia bolivariana.

Quien desconoce la historia está condenado a repetirla, dice un adagio popular, y los comunistas nunca han necesitado convertirse en mayorías para asaltar el poder, les basta con tomarse los cargos de dirección estratégica para hacerlo; cuentan con una Asamblea Constituyente en donde las narcoguerrillas obtengan representación gratuita y sumados a los elegidos por los partidos de izquierda y sectores afines o plegados ideológicamente a ellas, conformar una mayoría que cambie radicalmente el Estado social de derecho por la dictadura que sueñan.

Entre tanto sus representantes embozados continuarán la labor de desmantelar las FF.MM en desarrollo de la guerra jurídico-política para eliminar cualquier resistencia a esos protervos planes como lo señala el Foro de Sao Paulo, aprovechándose de los mecanismos y herramientas de la democracia para destruirla desde adentro.

 
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Publicado por en enero 11, 2015 en Opinión Pública

 

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