SEGURIDAD CIUDADANA, UNA GUERRA DE ESTADÍSTICAS

Al aumento del número de informaciones criminales sobre algunos delitos atribuye ahora el señor Comandante de Policía de Bogotá, General Humberto Guatibonza, el incremento en las cifras estadísticas sobre criminalidad en la capital; como ahora hay un mayor número de puntos donde se recibe esa información, hay un mayor número de ciudadanos que recurren a denunciar, lo que debe ser sinónimo de confianza dice el alto Oficial.

Pero la percepción en la calle es otra y puede decirse sin duda que si bien puede haber aumentado el número de denuncias, también lo ha hecho el número de subregistros como llaman a los delitos que se cometen y no se denuncian por razón de la cuantía o por la desconfianza y falta de credibilidad en el sistema para castigar a los delincuentes y reparar a las víctimas; las mismas cifras que da la institución policial son dicientes de esta realidad: el 65% de los capturados son dejados en libertad por fiscales y jueces que consideran sus conductas como bagatela o de poca peligrosidad social, o por la edad de los sujetos activos de la conducta.

Uno puede entender al General Guatibonza y a los otros Comandantes de Policía tratando de justificar su trabajo, el esfuerzo de la Policía Nacional se aprecia en las ciudades; la adquisición de moderna tecnología, la política de cuadrantes y otras estrategias, pero lo que no dice abiertamente el señor General es que todo ese trabajo se pierde en las fiscalías y juzgados y no solamente por razón del paro que acaba de pasar y que ya es endémico anualmente. Hoy estamos ante un cuadro aberrante donde los Generales parecen temer al poder político más allá del respeto de la obediencia debida, prefieren cargar sobre sus hombros y los de sus hombres la fundada crítica de la sociedad que padece las consecuencias del anormal estado de cosas.

El Estado parece desbordado por la inseguridad y la única alternativa que presentan los encargados de su política criminal es proponer revivir la llamada Ley de Pequeñas Causas, que no es otra cosa que reducir la gravedad de algunas conductas para hacer aparecer menos dramática la situación y trasladar a los privados, léase las víctimas, la tarea de investigar, presentar pruebas y acusar al delincuente, esto es que asuma la tarea que corresponde a la fiscalía que no tiene tiempo, ni recursos, para ponerse a investigar delitos bagatela, proponer lo contrario es incurrir en “populismo judicial” como ahora han dado en llamar las solicitudes de aplicar la Constitución y la ley penal sin distingos por cuantía –que es lo mismo que por estrato social-, o por razón de la edad de los delincuentes.

Hace poco se conocía la información de un delincuente que ha sido capturado por la policía 44 veces en 20 meses cometiendo el mismo delito, sólo ha estado retenido por 13,5 días en alguna URI y luego dejado en libertad nuevamente gracias a la desidia e inoperancia de fiscalía y jueces.

Para estos funcionarios un hurto de $630.400 es una bagatela que no merece ni ser judicializada, pero para millones de colombianos es el valor de un mes de trabajo, miles ni siquiera alcanzan a devengar esa suma. Quienes litigan podrán haber sido testigos de las “vaciadas” que le pegan fiscales y jueces a los policías cuando conducen a un ladrón de poca monta o un indigente responsable de uno de esos delitos bagatela, negándose a proferir alguna medida contra el delincuente o a resarcir a una víctima; el delincuente sale en seguida de la URI y el policía debe perder otras 2 o 3 horas de papeleo; muchos de esos ladronzuelos reinician su camino criminal nada más abandonar las instalaciones de la autoridad.

Es la complacencia del mismo Estado la que ha generado esta cultura antisocial; no hablemos de quienes llevaron al estatus de prohombres de la sociedad, de la política y el deporte a los grandes capos de la droga, basta con referirse a quienes estatuyeron el consumo de narcóticos como algo inherente al libre desarrollo de la personalidad, la gran mayoría de los consumidores no tienen los recursos para sostener su adicción y recurren al delito como forma de financiarlo y se saben impunes porque no serán detenidos por adictos y un pequeño robo apenas le significará algunas horas de estar “guardado”.

Ya hay verdaderas mafias que manejan el accionar de los pequeños ladrones que asolan el comercio organizado con el llamado “robo hormiga”, están plenamente reconocidos sus componentes, pero no les pueden negar la entrada a cometer o intentar cometer sus delitos porque les estarían violando sus derechos humanos. A septiembre de 2014 las pérdidas de los establecimientos de comercio superaban los $164 mil millones de pesos por estos pequeños hurtos cometidos por gentes que hicieron de esta modalidad del delito su modo de vida.

Y el cuento de la necesidad insuperable se ha desmentido desde hace muchos años, lo que más hurtan son artículos de aseo personal, licores, cigarros, electrodomésticos y otros que no satisfacen alguna necesidad inmediata de alimentarse. Son tas descarados que incluso montan ventas ambulantes a la salida de los supermercados para comerciar los artículos hurtados y ni los propietarios del comercio o la policía pueden hacer nada porque priman su derecho al trabajo y otros derechos fundamentales según los jueces y ciertos sociólogos y juristas, que terminan haciéndole ingenuamente el juego a los criminales organizados.

A tal punto se llega que ya la misma policía habla de zonas de “control territorial” de esta delincuencia y a diario se ve en los medios como el crimen organizado ya controla efectivamente algunos barrios, comunas y localidades, donde mediante el terror o la colaboración voluntaria logran que las comunidades se opongan a los operativos de captura de sus integrantes, inmediatamente hay una campaña mediática para hablar de exceso de fuerza o violencia policial y deslegitimar el procedimiento.

Hay una bomba de tiempo que debe atenderse, las reacciones contra los delincuentes en muchas ciudades son un mecanismo de defensa natural ante la inoperancia de quienes deben administrar justicia; situación que tenderá a agravarse en un eventual posconflicto por el incremento de la delincuencia urbana y las luchas por el poder de las estructuras criminales, experiencia que ya se ha vivido en Colombia y que hoy sume en el caos a varias naciones centroamericanas.