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Maniqueísmo informativo

22 Ene

Antes de entrar en materia, debo lamentar el retiro del señor General Luis Gilberto Ramírez Calle, distinguido compañero en la Facultad de Derecho de la Universidad Gran Colombia; el oficial de la Policía Nacional venía desempeñando el cargo de Jefe de Seguridad de la Casa Presidencial y presenta renuncia al cargo después de 35 años de servicio a la institución con una brillante hoja de vida como exitoso luchador contra todas las formas de delincuencia; apreciado y admirado por sus subalternos a quienes siempre trató con dignidad y respeto, parece ser una nueva víctima de la desinstitucionalización y politización no sólo de la Policía, sino de toda la institucionalidad castrense convertida en apéndice político de este gobierno, donde ahora priman los dimes y diretes, la capacidad de lambonería y lagartería antes que las capacidades militares o policiales para ascender o mantener un cargo. A Ramírez Calle lo destituyen los amigos de Oscar Naranjo y su séquito de aduladores.

Por: Rijecas

Ahora bien, quiero referirme a la columna del día de hoy del señor General EJC (r) Eduardo Herrera Berbel (El Tiempo, Opinión. ¡Una Colombia en paz!  01-22-2015), que es un compendio de la idealización absoluta del principio que reza: Nadie quiere tanto la paz como el soldado que ha sufrido los horrores de la guerra. Esta es una verdad incuestionable, pero que se complementa con la ilusión del soldado de una paz justa y digna, no de una paz a cualquier precio que represente siquiera un indicio de miedo, cobardía o elusión al combate para defender los ideales que representa.

Y quienes hemos criticado el contenido del proceso de negociación de La Habana precisamente lo hacemos porque en él se pone al Soldado y el Policía en el mismo parámetro del criminal terrorista como “actor de la guerra”, como un instrumento de violencia responsable de los desafueros cometidos en más de 50 años de “guerra revolucionaria” que iniciara el Partido Comunista a través de la combinación de las formas de lucha con el único propósito de tomarse el poder e imponer el modelo socialista como fundamento del Estado, pero que terminó convertida en una “guerra narcoterrorista” por las razones y motivaciones de sobra conocidos en la multitud de estudios y análisis que, por ejemplo, se han producido en la Escuela Superior de Guerra.

El presidente Juan Manuel Santos abrió una herida profunda en el espíritu militar cuando sin ninguna vergüenza afirmó en plena campaña reeleccionista que los Soldados y Policías de Colombia sólo éramos “hijos prestados para la guerra”, como si fuéramos algo anexo a la sociedad y no parte de ella, como si la “guerra” fuera una invención de los militares en los que la clase política y otros sectores de la sociedad no hubieren tenido parte ya como defensa de los valores democráticos que fundamentan nuestro Estado social de derecho o ya como integrantes de esa combinación de las formas de lucha que aspira a imponer otro modelo político. Mientras tanto, desde la misma institucionalidad política se comenzó a darle a los bandidos narcoterroristas un tratamiento de dignidad inmerecida como “luchadores altruistas que matan y roban para que otros vivan mejor”.

Pero no sólo ha sido el tratamiento jurídico-político que atendiendo las exigencias de las Farc y la izquierda se está aplicando a los militares y policías desde la misma institucionalidad; ha sido el sometimiento a un estado de indefensión mediante la reducción gradual del presupuesto para adelantar las debidas operaciones de control de la amenaza delincuencial, que no es residual señor General Herrera, de las organizaciones narcoterroristas que se ha mantenido aunque hayan disminuido, no desaparecido, las acciones armadas contra las Fuerzas Armadas y de Policía, aunque ahora se le atribuyan a terceros como el Eln o las Bacrim, en áreas que usted también saben son de férreo control de las Farc.

El 70% de los recursos del Arma Aérea del Ejército Nacional está en tierra a la espera de presupuesto para mantenimiento, repuestos, lubricantes o combustibles; apenas un 5% de las operaciones son de combate o extracción; el resto está destinado a servicio de taxi aéreo para altos funcionarios del Estado y hasta de sus familias, para los amigos de las Farc y del proceso santista a La Habana y otros destinos. Hoy abundan las quejas de los soldados de tierra que no entienden la absurda orden de “desescalar el conflicto”: “Es el apoyo, es la mano derecha, porque sin ellos los bandidos cogen pie de fuerza y si no tenemos el apoyo aéreo no tenemos nada en la tierra”, dicen Oficiales, Suboficiales y Soldados en todo el país, mientras los narcoguerrilleros aprovechan el tiempo para rearmarse y conseguir recursos para sostener su guerra contra el pueblo colombiano, como lo han denunciado incluso altos miembros de las Fuerzas Armadas del Ecuador y otros organismos de inteligencia.

Aún resuenan en la memoria de los colombianos las palabras de un soldado sobreviviente a la masacre cometida por las Farc en pleno proceso de paz contra la Brigada Móvil 17 de la Fuerza de Tarea Apolo en la vereda La Esperanza, del corregimiento de Timba, en el municipio de Buenos Aires, Cauca. ¡Nos ordenaron no disparar contra las Farc! Dijo entonces el soldado y ello reflejaba la impotencia militar ante un cese de fuegos impuesto por el gobierno porque era “políticamente correcto” para su proceso en La Habana, aunque públicamente el señor Santos estuviere dando órdenes de arreciar las operaciones contra la narcoguerrilla; eran los soldados quienes quedarían como ineficientes e ineficaces frente al cumplimiento de los mandatos constitucionales de garantizar el orden público.

Mientras ya es un hecho que los autores de esa y otras matanzas están siendo amnistiados e indultados “por razones humanitarias”, los comandantes militares están siendo judicializados y condenados por la jurisdicción ordinaria por haber violado los protocolos de seguridad en las operaciones militares, por exceso de confianza o por otras razones, pero nadie señala como simplemente fueron víctimas de creerle al gobierno y su proceso que está empoderando a los criminales. Si por casualidad una unidad militar en desarrollo de una operación de patrullaje rutinario se encuentra con una estructura criminal de las Farc dedicada al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores o la extorsión, debe dejarla pasar para no correr el riesgo de ser judicializados como “enemigos de la paz” y “saboteadores del proceso de La Habana”. No se olvide que precisamente con esos argumentos la Fiscalía construyó el mito de la Operación Andrómeda para desmantelar los recursos electrónicos de Inteligencia Militar que habían permitido las operaciones más exitosas contra la narcoguerrilla.

La instrumentalización política de nuestras Fuerzas Militares y de Policía ha llegado a tales extremos que desde la época electoral de 2014, se requisan los celulares, las tabletas o portátiles de los militares y policías persiguiendo con la amenaza de destitución y juicio penal toda referencia contraria a las “bondades” del gobierno Santos, mientras se está incentivando que el personal militar o de policía haga propaganda política a favor de la aprobación del plebiscito aprobatorio de los acuerdos de La Habana. Ya cada día el modelo institucional bolivariano se está tomando no sólo la organización institucional sino la misma doctrina militar.

Pero no es sólo en el campo operacional como se desmotiva a nuestros soldados y policías; nunca en la historia de Colombia estos ciudadanos habían sido sometidos al recorte de sus derechos sociales y prestacionales como en este gobierno, a la reducción de sus ingresos para el sostenimiento propio y de sus familias, al derecho a la seguridad social integral; hoy el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional SSMP, atraviesa su peor crisis porque el gobierno no ha dado cabal cumplimiento al giro de los aportes y recursos como ordena la Ley 352 de 1997 y no hay quien de razón del manejo del Fondo Cuenta del SSMP. Según hallazgos de la Contraloría General el déficit hoy supera los $127.003 millones de pesos y comenzó a acumularse dramáticamente desde el año 2012. Los militares y policías activos y de la reserva, como sus familias, sufren peores condiciones que los usuarios de las EPS civiles: negación de citas, falta de medicamentos, negación de procedimientos, ausencia de especialistas y todas las plagas que carcomen la salud de los colombianos.

No demoramos en amanecer con la noticia de que el gobierno decide intervenir y liquidar el SSMP, como ocurrió con Caprecom y Saludcoop, y que los militares y policías tengan que emigrar al negocio de la salud privada manejada por las EPS, especialmente a la Nueva Eps.

Las únicas medidas del gobierno Santos han sido prohibir so pena de destitución del militar o policial, que sus allegados expresen públicamente su inconformidad con el estado de cosas, también los padres, esposas e hijos se ven sometidos a la falsa concepción de la “obediencia debida”, interpretada como sumisión pasiva a cualquier abuso o exceso que contra ellos se cometa porque el art. 219 de la Constitución les prohíbe hacer reclamos por cuestionas distintas a la normal prestación del servicio; la misma táctica que se aplica para impedir que las familias de militares o policías se expresen políticamente contra Santos y sus políticas claudicacionistas.

Invitaría al señor General (r) Herrera Berbel a que analice que motiva el significativo incremento de las solicitudes de retiro de Oficiales, Suboficiales y Soldados, veteranos en la guerra contra las narcoguerrillas y las Bacrim, represadas en las oficinas de personal de las Fuerzas Militares y de Policía; no hay aliciente para pertenecer a unas instituciones cuyos miembros son considerados delincuentes y de ahí la insistencia en que se acojan a la justicia transicional diseñada para las organizaciones criminales en La Habana. La única expectativa al futuro es convertir las FF.MM en aprovisionadores de “mercenarios” para terceros países, por algo nombraron como Ministro de Defensa al ex presidente de FENALCO, no por su sapiencia en seguridad y defensa como requiere el cargo.

Así no se construye la paz con dignidad y justicia. ¿Cuándo fue que las Farc ganaron su guerra y por ello militares y policías deben aceptar sumisamente el papel de derrotados para aceptar las condiciones políticas que los vencedores les imponen?

 
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Publicado por en enero 22, 2016 en Opinión Pública

 

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