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No es un simple error de las farc, es una violación constitucional del gobierno

19 Feb

Sin título-1Lo sucedido en el corregimiento El Conejo, del municipio Fonseca en La Guajira, no es un error o una “embarrada” de las Farc; hay una clara violación del ordenamiento constitucional por parte del presidente que había avalado la presencia de los cabecillas narcoterroristas a un acto de “pedagogía de la paz”, organizado previamente por partidos, movimientos y ONG de izquierda, al que llegaron más de un centenar de terroristas armados hasta los dientes previo despeje, por orden presidencial, de la región de las Fuerzas Militares y de Policía.

Por:  Rijecas

El art. 213 de la Constitución Política de 1991 fija en cabeza del presidente de la república la función-deber de conservar el orden público en todo el territorio nacional, incluso cuando existan razones de amenaza inminente contra el orden institucional; es un hecho que las Farc son una organización criminal al margen de la ley, aunque estén suspendidas las órdenes de captura contra sus cabecillas, y es deber ineludible del presidente garantizar la seguridad de los ciudadanos ante la presencia de una organización hostil al ordenamiento constitucional y legal; cuando el presidente le ordena a la Fuerza Pública despejar un territorio para permitir el proselitismo político de los narcoterroristas está renunciando a esa posición de garante del orden público.

Los terroristas armados no sólo se tomaron el corregimiento, donde nunca ha existido un campamento terrorista al que pudieren ir los cabecillas a socializar el proceso de La Habana, no sólo intimidaron a la población civil, sino que se tomaron y utilizaron infraestructuras civiles especialmente protegidas por el derecho internacional como es la escuela; durante unas horas los criminales ejercieron funciones de autoridad política y militar en ese territorio con el beneplácito del gobierno nacional.

Es cierto que no se disparó un tiro, no se afectó la vida, la integridad o los bienes de los ciudadanos, pero se les puso en un riesgo inminente e injustificado; hoy no son válidas las demostraciones de fuerza retórica del presidente o los negociadores gubernamentales intentando mostrar el hecho como un error de las Farc que abusaron de la confianza y las liberalidades otorgadas para hacer proselitismo del proceso en los campamentos de sus estructuras criminales. El castigo escuelero de suspenderles las visitas a sus campamentos resulta finalmente una burla a todos los colombianos y a la comunidad internacional.

Hay que recordar que el Decreto 1811/92, vigente, contempla la suspensión y hasta la destitución de alcaldes o gobernadores que se reúnan o acepten presiones de organizaciones armadas ilegales, lo sucedido en El Conejo, aunque se quiera mostrar como un engaño de las Farc, es una concesión del gobierno nacional al proselitismo armado por parte de esa organización narcoterrorista que contraría todo lo previamente anunciado por Juan Manuel Santos para pedir el apoyo a su pretendido plebiscito aprobatorio del proceso de La Habana.

No es creíble el ultimátum del presidente, como reacción a los hechos de Fonseca, sobre la inexorabilidad de unos plazos para “firmar” los acuerdos el 23 de marzo, conforme al consenso que alcanzara con Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, cuando ya el mismo presidente había señalado públicamente que esa fecha no era una camisa de fuerza, concordando con el terrorista en que incluso podía ser de hasta 6 meses más. Queda como una rabieta el discurso de hoy sobre el vencimiento inexorable del término para negociar, cuando fue el mismo gobierno el que propició lo sucedido en El Conejo, que también se ha dado en San Vicente del Caguán, en jurisdicción de Tumaco y en otras poblaciones: proselitismo armado de las Farc sobre el proceso de La Habana.

No puede pasarse por alto el lamentable ridículo al que fue expuesta la Fuerza Pública, si bien hubo una orden presidencial para despejar el territorio, queda la dolorosa sensación de ineficiencia e ineficacia de la institución castrense y policial en materia de inteligencia de combate. ¿Cómo no se previó la concentración de cerca de 200 terroristas armados en una zona donde no operan frentes o estructuras criminales de las Farc u otra organización armada ilegal? Más alarmante aún es que si los terroristas provenían de sus campamentos en Manchique, Venezuela, hayan podido copar una zona geográfica con tanta facilidad, ¿qué tal que hubiese sido una fuerza hostil extranjera dotada de más recursos de movilidad?

El comandante del Batallón Rondón confirmó que recibieron orden de despejar la zona, lo que indica ciertamente que la presidencia si sabía qué iba a ocurrir allí, sabía previamente por los permisos otorgados que las fuerzas políticas de izquierda iban a utilizar el corregimiento para la llegada de los cabecillas desde La Habana y para repartir propaganda a favor de una constituyente como mecanismo de aprobación de los acuerdos para el cese del conflicto, que el acto político sería también una demostración de fuerza militar por parte de las Farc.

El silencio del General (r) Mora y de los altos mandos militares frente a los hechos de El Conejo y otras poblaciones es alarmante síntoma de sumisión del estamento castrense a una política de claudicación que se está imponiendo con palmaria violación de la Constitución y la ley a las que las Fuerzas Militares deben toda su obediencia y lealtad, no a un mandatario transitorio que solo busca su gloria personal. Los ciudadanos entonces no tenemos ninguna garantía y ayer así lo demostraron las Farc. Habrá que ser muy inconsciente para votar si al plebiscito con el que se quiere legitimar esta entrega de la patria al narcoterrorismo.

 
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Publicado por en febrero 19, 2016 en Opinión Pública

 

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