LA IZQUIERDA FUNDAMENTALISTA SE MUEVE

IZQUIERDA FUNDAMENTALISTA

Alentada por la actitud conciliadora del presidente Juan Manuel Santos la izquierda fundamentalista y bolivariana se mueve; el sector radical del Polo Democrático acude a Palacio de Nariño a exigir que no se criminalice la protesta popular, manteniendo el mismo discurso añoso y sin proponer nada nuevo para encontrar caminos de reconciliación.

Nunca la izquierda ha podido definir qué es la criminalización de la protesta popular, si con ello se refiere a que simplemente el Estado asuma un papel pasivo frente a los desmanes que provocan algunas protestas en contra de la vida, la integridad y los bienes de quienes no hacen parte de ella o a que se tolere la vinculación de algunos dirigentes de organizaciones sindicales, cívicas o sociales con acciones criminales cometidas por organizaciones armadas al margen de la ley.

El Estado tiene como fundamento garantizar la convivencia pacífica de quienes hacen parte de él; los reclamos que cualquier sector de la población puedan surgir, deben surtirse por los conductos regulares que establece la Constitución y la ley, toda acción de fuerza dirigida a obtener beneficios para un sector poblacional y que afecten derechos fundamentales de los demás ciudadanos deben ser reprimidas cuando se insiste en la violencia o judicializadas cuando causan daños injustos a terceros. Eso no es criminalizar la protesta, es cumplir con el ordenamiento constitucional y legal que nos cohesiona como República.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba y su consueta Iván Cepeda, se mueven rápidamente para tratar de introducir en la agenda de la reunión entre el Presidente Colombiano y Hugo Chávez, que podría desarrollarse este 10 u 11 de agosto, una propuesta de paz  que incluya como interlocutores a las Farc y Eln, con lo que se pretende que en UNASUR el centro de discusión sea ese tema y no las denuncias colombianas sobre la tolerancia y permisividad a la presencia de bandidos narcoterroristas en los países vecinos.

Ya Hugo Chávez hizo referencia al tema en su pasado programa Aló Presidente, cuando de llamar verdadero ejército revolucionario bolivariano pasó a indicar que el tiempo de las narcoguerrillas se acabó y que deben abandonar la estrategia de la lucha armada dando verdaderas manifestaciones contundentes de querer la paz liberando a todos los secuestrados; incluso, en una de sus eufóricas salidas, señaló que las Farc y Eln se han convertido en la excusa del imperio para intervenir en Colombia y amenazar desde allí a Venezuela.

Sin embargo estas palabras del mandatario venezolano no pueden despertar ninguna esperanza sobre que Venezuela renuncie a la protección a los narcoterroristas, no son nuevas, ya en el pasado había dicho lo mismo sin que se tomaran medidas efectivas y reales para desactivar los campamentos de Farc y Eln, capturar y poner a órdenes de la justicia colombiana a sus integrantes; recuérdese que incluso en Santa Marta llegó a jurar por su santa madre que jamás apoyaría a las narcoguerrillas y ya en otra ocasión había señalado la obsolescencia de la estrategia armada como mecanismo político, de hecho él mismo instituyó una guerrilla en Venezuela para sostener su proyecto político.

Por su parte las Farc ya anuncian que el nuevo gobierno no podrá llevar derrotada la guerrilla a una mesa de negociación para que firme su rendición e insiste en su discurso de la necesidad de desactivar un conflicto social y armado tan complejo, con tantas inercias y con raíces internas y Externas tan arraigadas y profundas como el de Colombia, que no es cosa de un día ni menos de unos cuantos; lo que hace previsible que recurrirán a la vieja táctica maoísta que le diera resultados a Ho Chi Min en Vietnam, dialogar y dialogar mientras se fortalece la lucha armada y se crean las condiciones de la insurrección popular.

Esa es la táctica que buscan Piedad Córdoba y sus consuetas, que el tema se convierta en un asunto internacional a través de UNASUR con dos objetivos: Quitarle al Estado colombiano el manejo del asunto de la amenaza narcoterrorista y restaurarle a las Farc un posicionamiento internacional perdido con su inclusión en la lista de organizaciones terroristas mundiales; obteniendo este respiro, reorganizarse e incrementar sus acciones terroristas para mostrar que la tienen fortaleza necesaria para ser consideradas pares del Estado y por ende ser reconocido el estatus de beligerancia a fin de enfrentar desde otra posición las posibles responsabilidades penales que podría investigar la CPI, en el caso de un acuerdo de amnistía, indulto o acogimiento a la ley de Justicia y Paz, si esa Corte considerare que 8 años no es una pena acorde a la gravedad de los crímenes cometidos.