Desafortunadas, por decir lo menos, las afirmaciones del precandidato del Centro Democrático Francisco Santos, al informar de un combate inexistente en el que supuestamente murieron 33 soldados del Ejército Nacional. Si ello hace parte de una estrategia de campaña electoral, no puede menos que reprocharse con vehemencia tales afirmaciones que sólo muestran un ánimo derrotista que poco favor le hacen a nuestros soldados y policías encargados de preservar el orden y la convivencia en el país por encima de cualquier posición política de gobernantes y ciudadanos.
Pueden compartirse muchas de las aprehensiones y dudas de miembros de la clase política y de la sociedad sobre el curso del proceso de La Habana, pero nunca que se quiera manosear la dignidad y la honra de nuestras FF.MM para obtener provechos electorales; la Fuerza Pública no puede ser instrumentalizada para servir a intereses políticos de amigos o enemigos del proceso de La Habana abusando de la prohibición constitucional para que ella se pronuncie (art. 219 de la Constitución), sin poner en riesgo la misma seguridad nacional.
Lo actuado por el precandidato Francisco Santos contribuye a la tarea de desinformación que los enemigos de las FF.MM saben muy bien aprovechar para generar la idea mediática de una fortaleza inexistente de las narcoguerrillas; sea cual sea la posición de los miembros de la clase política, no pueden permitir que sus posicionamientos se conviertan en un caballo de Troya para los intereses de quienes quieren alcanzar victorias inexistentes para reclamar igualdad de condiciones jurídicas o políticas frente al Estado después de decenios de criminalidad desaforada sin ninguna victoria militar.
Señalamientos como el realizado por el señor Santos simplemente coadyuvan a la intención cierta de los socios del Foro de Sao Paulo de instrumentalizar las Fuerzas Armadas para destruir sus principios y su moral de combate en la defensa de la democracia y la libertad para convertirlos luego en mecanismos de coacción de los partidos comunistas que alcanzan el poder aprovechando las vías democráticas como queda demostrado en experiencias vecinas.
Amigos y enemigos del proceso de La Habana deben entender de una vez por todas que la Fuerza Pública está al servicio de los más altos intereses de la Patria y que su condición de obediencia y acatamiento a la Constitución y las leyes en que se fundan las decisiones de los gobiernos civiles, no es desde ningún punto de vista sujeción a principios ideológicos o políticos que puedan servirles a esas decisiones. Esa ha sido la más preciada tradición de nuestras Fuerzas Militares que pese a las tempestades desatadas por situaciones políticas más críticas en nuestro pasado republicano, permanecieron fieles a los mandatos supremos de la voluntad popular expresados en su Constitución y su ordenamiento legal.
Las FF.MM colombianas han dado muestras más que suficientes de probidad frente a los distintos procesos de acercamiento y diálogo con las organizaciones armadas ilegales a través de todos los tiempos, desde la misma configuración y puesta en práctica del Plan Lazo en los 60 que hubiera permitido, si se hubiere ejecutado cabalmente, la extinción de los brotes de insurgencia armada comunista y que desafortunadamente el ruido metido por intereses políticos egoístas llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a considerar que había una intervención política en lo que era el diseño de una estrategia basada en el trinomio necesario para garantizar la victoria de la legitimidad sobre la ilegalidad: PUEBLO-GOBIERNO-FUERZAS ARMADAS.
De la misma manera actuaron las FF.MM cuando en los 70 el gobierno de López Michelsen decidió suspender en su momento más victorioso la Operación Anorí contra el ELN, a esta agrupación criminal apenas le quedaba una fuerza de unos 50 hombres derrotados, y en un generoso gesto confiado en que no volverían a delinquir, permitió su retirada a Cuba donde se recuperaron, reentrenaron y armaron con las consecuencias que aún hoy se aprecian. Fueron muchas las voces que desde la clase política se alzaron para que las FF.MM quebraran el orden constitucional y asumieran el poder, hasta toda una novela de ciencia ficción se armó ante la negativa de los soldados de hacerlo que terminó en la decisión gubernamental de separar a altos mandos militares para conjurar un golpe que nunca estuvo en los planes del Ejército y demás Fuerzas.
En los 80 y 90, haciendo uso de los canales institucionales, los militares advirtieron de los riesgos que se corrían en procesos inciertos en los que no era suficiente la buena voluntad de los gobernantes, la decisión de continuarlos fue respetada y acatada por los soldados aun cuando era incierto el buen curso de los mismos. Las FF.MM respaldaron a los gobiernos y fueron fieles al mandato constitucional al advertir los riesgos y peligros, a pesar de la poca comprensión de los mandatarios que prefirieron ignorar esas señales y creer más en las intenciones de los bandidos. El tiempo les daría la razón a los soldados de la patria.
Es menester recordar los vergonzosos episodios ocurridos en el período 1994-1998 y específicamente en el asesinato aleve del dirigente conservador ÁLVARO GÓMEZ HURTADO, amigos y enemigos del mandatario de turno quisieron también instrumentalizar a las FF.MM, llegando incluso a involucrar a miembros del Ejército en un inexistente complot y enlodándolos judicialmente. Afortunadamente la justicia absolvió a los soldados de cualquier participación en intentos golpistas o en la comisión del magnicidio.
Durante el proceso del Caguán y con un alto grado de sacrificio, fueron las FF.MM las que sirvieron de muro de contención a unas narcoguerrillas que estaban convencidas de haber pasado a una nueva fase de su guerra contra la democracia y la libertad.
Durante la vigencia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática fueron nuestros soldados y policías, haciendo gala de su honor, deber y lealtad con la patria, las que redujeron a las narcoguerrillas terroristas a su expresión primigenia destruyendo su capacidad de asediar poblaciones y ciudades, de someter gobiernos locales a sus caprichos y de recuperar en los colombianos la confianza en un futuro mejor, de desarrollo y equidad, gracias precisamente a ese trinomio victorioso PUEBLO-GOBIERNO-FUERZAS ARMADAS.
Alcanzados los objetivos de esa estrategia, era necesario adecuarla a las nuevas condiciones de combate y hoy la ESPADA DE HONOR garantiza que militarmente los enemigos de la patria no podrán recuperar jamás las capacidades de hacerle daño masivamente a nuestros ciudadanos; esos enemigos que desesperados por su derrota militar sólo pueden acudir al cobarde atentado terrorista o al hecho criminal aislado, para tratar de demostrar una fortaleza que perdieron y que tampoco les dejó ningún rédito político.
No se puede entonces recurrir al expediente de inventar artificiosamente derrotas dolorosas a nuestros soldados y policías, como desafortunadamente ha ocurrido con la información de la muerte de 33 soldados, para alcanzar figuración mediática en procura de beneficios electorales. Ello sólo afecta la moral de los ciudadanos y de las FF.MM, por lo que Francisco Santos está en mora de dar una explicación pública de lo afirmado y en pedir honestas disculpas a los hombres y mujeres que con su sacrificio personal, social y familiar, siguen patrullando día y noche todos los rincones del país para garantizarle la tranquilidad a los colombianos.
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