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¿El precio de la guerra?

27 Feb

EL PRECIO DE LA GUERRACínicas sonaron las palabras del presidente Juan Manuel Santos al referirse a la escalada terrorista que ha cobrado la vida de soldados y policías, es el precio de la guerra dijo como rematando tardíamente su afirmación de que estos servidores públicos son “idiotas prestados para la guerra”, como lo señaló en plena campaña reeleccionista.  Ni una palabra para condenar la conducta criminal de las narcoguerrillas, por el contrario, pidió comprensión para estas organizaciones delincuenciales porque se está negociando con ellas reiterando su señalamiento de “enemigos de la paz” a quienes cuestionan el modelo y los alcances del proceso de La Habana.

Minimizar la muerte de 15 soldados y 3 policiales, o las heridas a otros 26, a manos supuestamente del Eln, aunque todo mundo señale como esta organización narcoterrorista actúa conjuntamente con las Farc o son estas directamente las responsables de los atentados y asesinatos, resulta inexplicable en la persona que ostenta el mando supremo de nuestras Fuerzas Militares y de Policía, de tal manera que sus pretendidas condolencias a las familias de los Héroes caídos y heridos, sonó más a una sangrienta burla, similar a la de los criminales que en La Habana lamentan los crímenes que cometieron pero responsabilizan a las víctimas.

Cambiar el “lenguaje de la guerra”, como lo pregonan los propagandistas del proceso con las Farc y con el Eln, no implica ocultar y tapar los hechos criminales que cometen estas organizaciones narcoterroristas, porque ello es llevar una falsa sensación de seguridad a los ciudadanos o generar confusión en torno a la realidad del Estado actual, que a todas luces renunció a sus obligaciones constitucionales de proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos para alimentar un proyecto político del gobernante y su coalición de gobierno. Pareciere ser que se aplica a como dé lugar la recomendación del obispo de Tunja, Luis Augusto Castro, de no alterar el proceso de “paz” con los actos terroristas, porque al fin y al cabo muertos hay todos los días.

A quienes hicimos parte de las Fuerzas Militares y a quienes hoy son parte de ellas, estas actitudes sólo pueden causar desmoralización e incertidumbre, interfiriendo indudablemente en el cumplimiento de la misión que la Constitución le asigna a la fuerza pública; el presidente Santos ante los medios habla de ofensiva contra los generadores de actos criminales y ordena pomposamente arreciar el combate, pero la realidad es otra y la describen numerosos testimonios de Oficiales, Suboficiales y tropas que dan cuenta de la inmovilización de esas Fuerzas, hoy sólo cumplen operaciones rutinarias de patrullaje de infantería con la directriz de no entrar en choque con las estructuras criminales para no afectar el proceso de La Habana, por eso los delincuentes se pasean por el territorio nacional como Pedro por su casa en sus actividades de narcotráfico, minería ilegal, reclutamiento de menores, extorsión y ataques descarados a soldados y policías como los que sucedieron esta semana que termina en Casanare, Arauca y Santander.

Lo sucedido en Guaduas es bien diciente del estado actual de cosas; allí ha delinquido el frente 22 de las Farc, creado en 1998 por la VII Conferencia de esa narcoguerrilla para reemplazar el frente 11 que tenía base en Yacopí, dentro del plan de cercamiento a Bogotá, su área de influencia comprendía los municipios de La Palma, La Peña, Villeta, Guayabal de Síquima, Guaduas, Caparrapí y Topaipí, al occidente de Cundinamarca. En 2002 el frente 22 le aportaba al mes cerca de 500 millones de pesos, que obtenían producto del secuestro extorsivo, el robo de ganado y dinero, además de actividades relacionadas con el narcotráfico (microtráfico en Bogotá y municipios turísticos).

Nunca en esa región se han registrado operaciones criminales del Eln. En Cundinamarca, hicieron presencia la red urbana Antonio Nariño, y los frentes 42, 55, 54, 53 y Abelardo Romero de las FARC, que delinquen por medio de extorsiones, secuestros y homicidios selectivos. En Tocaima, Girardot, Fusagasugá, Gachetá y Cáqueza, se ha observado la presencia de pequeñas células urbanas que generan intranquilidad y zozobra entre los habitantes de estos municipios. Pero la mayoría de estas estructuras fueron desmanteladas con el desarrollo de la Política de Defensa y Seguridad Democrática PDSD; en la actualidad se ha denunciado un retorno de esas estructuras e incluso estas regiones se contemplan dentro de las posibles “zonas de concentración” de las Farc.

No debe olvidarse que esa narcoguerrilla antes de la PDSD tenía en Cundinamarca cerca de mil narcoguerrilleros (el equivalente a 2,5 batallones del Ejército): el Frente 42 estaba desde San Juan de Río Seco, Girardot y La Mesa hasta Facatativá, Madrid y Mosquera. Los frentes 25, 52 y 55 se encontraban en Sumapaz; 53 y 54 delinquían en el suroriente del departamento; y en el norte se encontraban las compañías móviles Policarpa Salavarrieta, Vladimir Stivel y Manuel Beltrán. Desde 2012 se ha denunciado que esas estructuras se están reorganizando y rearmando, con más intensidad desde que se puso en marcha el proceso de La Habana. Los habitantes de esos municipios dan cuenta de cómo están llegando terroristas y milicianos de civil que se ubican principalmente en fincas disfrazados de trabajadores agrarios, retomando el control de juntas veredales y otras organizaciones sociales para “impulsar políticamente” los acuerdos de Cuba. El resurgir las milicias urbanas en Bogotá, por ejemplo, se evidencia con la presencia nuevamente de terroristas encapuchados en las universidades públicas, los desfiles de las “caperucitas rojas” como dicen los estudiantes, en las cuales ya se habla incluso de la aparición de células del M-19, desmovilizado en los 90.

El gobierno nacional les atribuyó a bandas criminales -debe recordarse que las autodefensas ilegales operaron hasta 2003 principalmente en Yacopí, Pacho y La Palma, posteriormente trasladaron algunos grupos a Bogotá que se convirtieron en los llamados “ganchos”, actuando en el microtráfico en consenso con las Farc con las que se reparten mercados y ganancias-, los atentados de la semana pasada en las que se derribó parcialmente una torre de transmisión de energía eléctrica con el fin de atraer la fuerza pública y en desarrollo de la respuesta policial se atentó con cilindros-bomba contra una patrulla policial con el resultado de un policial muerto y un Coronel de esa institución herido. El señalamiento es ingenuo y engañoso, este nunca ha sido el modus operandi de las bandas criminales y si es propio de las Farc, tampoco puede atribuírsele al Eln porque no tiene presencia allí. El incremento de denuncias por extorsión y amenazas criminales contras personas e instituciones civiles se ha registrado precisamente en esos municipios, aunque el gobierno sigue negándolo y hasta ha pedido a los medios de comunicación social abstenerse de registrarlos para “no crear zozobra y enturbiar el proceso de paz”.

Aunque oficialmente sólo se registran 36 actos criminales de las Farc durante su falaz tregua 2015-2016, no cabe duda que son muchos más (cerca de 145 denunciados por prensa regional o redes sociales), o a quién quieren convencer de que el Eln de la noche a la mañana copó los territorios de las Farc, o que las toneladas de coca y marihuana provenientes de Putumayo, Nariño y la bota caucana o los nexos de criminalidad transnacional con mafias mexicanas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses,  no son de propiedad de los frentes 6, 8, 29, 30, 57 y 60, sino que pasaron a manos de las bandas criminales y del Eln y los farucos se resignaron a perderlos en nombre de la paz.

Resulta entonces sumamente ofensivo para la dignidad nacional y en especial de las Fuerzas Militares y de Policía, que el presidente de la república diga que ese es el precio de la guerra cuando teóricamente se está negociando la paz, demostrando absoluto desprecio por la vida de los colombianos honestos y trabajadores. Podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que el caos y la anarquía institucional, así como la sensación real de inseguridad que se acrecienta día a día son el humillante precio de esa paz en la que nos anuncian a los colombianos sólo podremos tragar sapos envenenados.

 
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Publicado por en febrero 27, 2016 en Opinión Pública

 

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