En los llamados 10 puntos mínimos para el reconocimiento político de los campesinos en Colombia presentados en La Habana, las Farc quieren introducir en el ordenamiento territorial colombiano la legitimación del poder que el narcoterrorismo ejerce en algunos municipios, donde controlan criminalmente no sólo la vida y bienes de los habitantes sino la acción política de las autoridades locales.
Señalan las Farc que los territorios campesinos, figura que proponen establecer en la nueva definición constitucional del ordenamiento territorial a cambio de los actuales municipios y distritos, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afro-descendientes y que gozarían de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria[1].
Más allá de los aspectos político-administrativos y de asignación de recursos la organización territorial está encaminada a garantizarle a la Nación la integridad del territorio, su seguridad y su defensa, de tal manera que la desmembración propuesta por las Farc atentarían en primera instancia contra ese principio fundamental de la existencia misma del Estado y daría lugar al surgimiento de 1.123 repúblicas independientes y de la entronización del caos y la anarquía.
Ahora bien, en Colombia, por mandato constitucional, cada municipio tiene su propia organización: poder ejecutivo, órgano coadministrador y poder judicial (desconcentrado), contando con una autonomía limitada sólo por el bien común señalado en la misma Constitución y la ley. La Ley 136 de 1994 instituyó además las Asociaciones de Municipios como un mecanismo idóneo para buscar el desarrollo equitativo y por ende el bienestar de sus habitantes.
La normativa constitucional y legal recoge el principio de que el municipio es al ciudadano lo que la familia es al ser humano. El municipio es el primer encuentro del ciudadano con el Estado. Defenderemos los municipios, pero el cumplimiento de su misión institucional no tiene que ver con mayores autonomías como las que proponen las Farc, sino que tienen que ver con la austeridad y buena administración.
Los instrumentos legales existen, otra cosa es que en muchos de nuestros municipios la corrupción, la politiquería y la acción de los grupos armados ilegales haya interrumpido o impedido su correcto funcionamiento. Si actualmente subsisten problemas serios en la administración de los municipios, hay que ver por ejemplo lo que sucede actualmente en la misma capital de la república donde el alcalde prácticamente se declaró en desobediencia política, administrativa y legal ante la república, no hay que hacer un gran esfuerzo imaginativo para calcular el pandemonio que generarían 1.123 alcaldes dispuestos a sólo reconocer sus propios caprichos invocando autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia.
Las Farc saben muy bien que su tesis no es realista, ni tiene asidero en ninguna ciencia administrativa seria, no es más un globo demagógico para generar mayor confusión y ganar algunos incautos y resentidos con el poder central, pero que de pronto ante una inusitada feria de concesiones (el costo de un acuerdo de paz impuesto sin consultar la opinión de las gentes), puedan garantizar para sus intereses criminales el reconocimiento como poder político donde aún tienen alguna presencia.
- ANNCOL. Delegación de paz FARC-EP: Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino. Febrero 10 de 2013. En: https://www.anncol.eu/index.php/colombia/insurgencia/farc-ep/comunicados-de-las-farc-ep/1627-feb-9-delegacion-de-paz-farc-ep-diez-propuestas-minimas-para-el-reconocimiento-politico-y-de-todos-los-derechos-del-campesino
Colombiaopina's Blog 
Juan Herrera
febrero 15, 2013 at 2:50 pm
Imposible llegar a una feudalización donde no haya un norte administrativo y objetivos constitucionales rectores. La propuesta de las Farc, como todo cuanto llevan a las mesas son minas quiebra voluntades. Ellos ya tienen lo que buscaban, reconocimiento internacional, tiempo para reabastecerse y determinar objetivos para recrudecer la guerra que supuestamente no quieren. Es lastimoso que tengamos un Presidente iluso que no aprende de las experiencias vividas por anteriores gobernantes, quienes fueron timados por los facinerosos de las Farc. Todos queremos la paz, pero si debemos conseguirla a través de la guerra, hagámosla porque no podemos de ninguna manera aportar muertes cada día y que los bandidos llamen daños colaterales para minimizar su salvajada, peor aún, que el presidente avale esa situación con una actitud pasiva para favorecer algo que no se concretará.